El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Eduardo López, y el presidente de la Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB, Óscar Carreras, acompañados por los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que representan al Sector, entre ellos Pedro J. Payeras Presidente de la Federació de la Fusta de les Illes Balears presentaron el pasado 15 de mayo la ‘Nueva propuesta para el desarrollo de una política integrada de urbanismo, vivienda e infraestructuras para Balears’.
El documento es fruto del consenso del Sector de la Construcción balear en su conjunto, representando a más de 16.500 empresas en Balears y a más del 10% de la fuerza laboral de las islas. El texto presentado “surge de profesionales, empresarios del sector, miembros de asociaciones profesionales, técnicos, notarios, abogados, y en general, agentes activos de la sociedad con gran experiencia y muchas ganas de ayudar a mejorar nuestro entorno en el ámbito de la edificación y la vivienda, que iniciaron hace ya tiempo este trabajo, con el fin de poner a disposición de la sociedad su experiencia y conocimientos”, ha explicado Carreras.
En el acto de presentación ha contado con la presencia de presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que, integradas en CAEB, promueven el ‘Libro Blanco’ de la Construcción en Balears:
- Asociación de Constructores de Balears.
- Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA).
- Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Balears (AFACO).
- Federació de la Fusta de les Illes Balears
- Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM).
- Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears (INFOCAL).
- Asociación de Almacenistas de Materiales de Construcción de Balears.
- Asociación de Suministradores de Agua de las Islas Balears (ASAIB).
- Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Balears (AFA BALEARS).
- Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR).
- Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME).
- Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Balears (AITAME).
- Asociación de Maestros Pintores de Balears (AMPB).
- Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA).
- Asociación Patronal de Yeseros Escayolistas de Balears (APYEB).
- Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI).
- Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears respalda asimismo el documento.
Causas y efectos
La situación que describe el texto presentado de forma consensuada por el Sector de la Construcción balear es la de un entorno legislativo de gran inseguridad jurídica, cambiante con cada nuevo gobierno o administración local, con una normativa urbanística obsoleta, en permanente revisión, y poco o nada adaptada a la realidad demográfica y social. Otra causa de la situación actual es la escasez, y alto precio, del suelo disponible, debidos a la insularidad y a la necesidad de conservación del territorio, y la cambiante y extremadamente compleja gestión del suelo por parte de la Administración. Balears sufre un continuo incremento de la población y para los siguientes 12 años se espera un incremento de 213.000 habitantes, mientras que, como efecto de la crisis inmobiliaria, arrastra en la actualidad un déficit acumulado de más de 16.000 viviendas.
Esta situación se produce a la par que se registra una disminución de las rentas disponibles, principalmente por parte de la clase media, ligada a una manifiesta ineficacia de los Planes de Vivienda Estatales y Autonómicos de VPO/HPP, lo que se sustancia en un mínimo parque de vivienda pública. Falla además la gestión por parte de la Administración de la vivienda social, donde un altísimo porcentaje de los inquilinos no paga los alquileres sociales e incluso algunas de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente.
El efecto de esta situación es que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado, agravándose el problema con el paso del tiempo, y que el mercado de alquiler tampoco sirve para cubrir la demanda. A su vez, peligra la conservación del territorio y no debería usarse más suelo rústico para solucionar el problema de vivienda a precio asequible. Sin embargo, la realidad es que los precios y las condiciones se alejan de la capacidad de la población demandante con el agravante de que los últimos cambios legislativos no han ayudado a paliar esta situación. Por contra, la fiscalidad está obviado esta problemática social y las tasas e impuestos o permanecen como siempre o tienden a aumentar. El entorno financiero es muy duro para el promotor y convierte en extremadamente difícil el acceso a la vivienda al comprador final.
Pero el problema llega más allá. Las infraestructuras se están quedando obsoletas y la bajísima inversión en los últimos años hace peligrar el futuro estable de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la problemática del ciclo del agua -desaladoras, red de aguas, vertidos de fecales al mar- y las comunicaciones -carreteras colapsadas- han entrado en fase crítica.
Todo ello aporta inestabilidad a un sector que precisa mejorar la competitividad, el empleo y la profesionalidad. Un sector cuya aportación al PIB y al empleo es esencial para mantener el estado de bienestar en la comunidad.
Propuestas de acción
Es preciso, concluye la propuesta, un modelo claro y estable de desarrollo urbanístico, con amplio consenso político que lo dote de seguridad jurídica, una política de vivienda pensada a largo plazo y una planificación de los recursos administrativos necesarios para el desarrollo de esta política. Toda la sociedad debe implicarse, pero es necesario el impulso de la clase política para abrir los caminos hacia un modelo consensuado, sostenible y duradero que defina el futuro del desarrollo urbanístico en las islas.
Fotografía y extracto de la nota de prensa de CAEB 20/05/2019